Comunicado de prensa | Ambientalistas denuncian que el gobierno quiere quemar basura para tapar su mala gestión de residuos

Buenos Aires, 30 de enero de 2018.
 
Ante la crisis de los residuos que atraviesa el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las organizaciones Salud sin Daño, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Coalición Ciudadana Anti-Incineración, la Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA) y Greenpeace Argentina denunciaron que la mala administración en la política de residuos de los últimos años no puede ser presentada como una excusa para avalar una tecnología ilegal y contaminante como la incineración.

 

Los ambientalistas consideran que esta tecnología, también conocida como Waste to Energy, no sólo viola la Ley de Basura Cero (N° 1.854) que prohíbe esta práctica, sino que es una fuente de energía sucia y no renovable que pone en riesgo la salud de los vecinos con compuestos tóxicos y cancerígenos, y sólo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires podría impactar directamente en más de cinco mil empleos vinculados a la cadena del reciclaje.

“Las noticias difundidas este fin de semana por la CEAMSE y el Gobierno de la Ciudad en relación a este tema buscan allanar el terreno para proponer el regreso a la incineración de residuos, una práctica antigua y que genera contaminación del aire y puede afectar la salud y la calidad de vida de la población" explicó Andrés Nápoli de FARN. "Casi nada se ha avanzado, por ejemplo, en el aprovechamiento de residuos orgánicos y reciclables. Hay una industria de la recuperación que sostener, fortalecer y desarrollar".

En noviembre de 2017 las organizaciones enviaron una carta a las autoridades del gobierno nacional, de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, expresando su preocupación ante el avance de los planes del gobierno para construir al menos siete plantas de incineración de residuos en el AMBA, y promoviendo el fortalecimiento del reciclaje y el compostaje como solución. (1)

Con la quema de residuos, indican, se buscaría tapar la falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires en dar cumplimiento a la Ley de Basura Cero, aprobada en 2005. Esta normativa instaba a la Ciudad a un descenso progresivo en la cantidad de basura enviada a los rellenos sanitarios de la Provincia. Doce años después de la sanción de la ley, la Ciudad no debía superar las 357.000 toneladas de residuos enterrados; sin embargo, según datos oficiales, en 2017 se dispusieron 1.101.202 toneladas, tres veces más que lo exigido por la ley.

Nota:

(1) Carta enviada a las autoridades del gobierno de la Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires